India dio marcha atrás a su plan de obligar a los fabricantes de smartphones a preinstalar una aplicación gubernamental en todos sus dispositivos, tras la ola de críticas y la creciente preocupación de que la orden ampliaría el acceso gubernamental a los equipos de los usuarios y socavaría la protección de datos y la privacidad.
El Ministerio de Telecomunicaciones de India declaró en un comunicado que Sanchar Saathi, la aplicación antirrobo y de protección cibernética, seguirá siendo voluntaria y que los fabricantes de smartphones ya no estarían obligados a preinstalarla en los dispositivos que venden.
El nuevo aviso revoca, en la práctica, una directriz emitida a los fabricantes la semana pasada —y circulada en línea el lunes pasado— que les instruía a integrar la aplicación en todos los dispositivos e impedir la desactivación de sus funciones. La noticia de la orden pronto desató la preocupación por la privacidad y la extralimitación del Estado.
“Dada la creciente aceptación de Sanchar Saathi, el Gobierno ha decidido no hacer obligatoria la preinstalación para los fabricantes de móviles”, declaró el ministerio.
Sin embargo, aún no ha emitido una notificación oficial a los fabricantes de smartphones que refleje la retirada, y los fabricantes siguen esperando instrucciones formales, de acuerdo con el sitio TechCrunch, que citó dos fuentes de fabricantes implicadas en el proceso.
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La app suma más de 14 millones de descargas
Desde su lanzamiento en enero de 2025, Sanchar Saathi ha sido descargada 14 millones de veces y aporta información sobre aproximadamente 2,000 incidentes de ciberfraude al día, según el Gobierno indio.
La reciente controversia impulsó el interés en la plataforma, y el ministerio señaló que cerca de 600,000 ciudadanos se registraron para descargar la aplicación tan solo el 2 de diciembre.
Sanchar Saathi contaba con más de tres millones de usuarios activos mensuales en noviembre, de acuerdo con la firma de inteligencia de marketing Sensor Tower. Su tráfico web también se disparó, con un aumento interanual de más de 49% en los visitantes únicos mensuales,.
¿Voluntaria u obligatoria?
El aviso del Ministerio de Telecomunicaciones surge tras una gran confusión sobre si la aplicación era realmente voluntaria, como afirmaba el Gobierno.
El ministro de Telecomunicaciones, Jyotiraditya Scindia, insistió a principios de esta semana en que los usuarios podían eliminar Sanchar Saathi en cualquier momento, a pesar de que la directiva que circulaba entre los fabricantes establecía que las funcionalidades de la aplicación “no debían desactivarse ni restringirse”.
Las señales contradictorias alimentaron las críticas de que el gobierno intentaba minimizar el alcance de su mandato.
Los críticos advirtieron que imponer una aplicación gubernamental en todos los teléfonos inteligentes e impedir que se desactivaran sus funciones otorgaría a las autoridades una visibilidad excesiva sobre los endpoints de los usuarios.
La directiva también generó inquietud en la industria, ya que los proveedores de dispositivos móviles cuestionaron en privado la viabilidad de implementar una aplicación permanente a nivel de sistema sin un respaldo legal claro.
El viceministro de telecomunicaciones, Pemmasani Chandra Sekhar, declaró en entrevistas con los medios que Apple no participó en el grupo de trabajo para la iniciativa, aunque otros fabricantes de teléfonos inteligentes sí lo hicieron.
Celebran revocación del mandato
La Fundación para la Libertad en Internet, un grupo de derechos digitales con sede en Nueva Delhi (India), calificó la revocación como un “acontecimiento positivo”, pero instó a la cautela, señalando que aún está a la espera de la orden legal que debería acompañar al anuncio.
El grupo añadió que se justifica un “optimismo cauteloso, no un cierre”, hasta que se publiquen y verifiquen de forma independiente las directrices revisadas de las Normas de Ciberseguridad de 2024.
Otras partes del ecosistema de Sanchar Saathi continúan expandiéndose. Las plataformas de comercio e intercambio aún deben validar los dispositivos a través de una base de datos IMEI central, y el Ministerio de Telecomunicaciones también está probando una API que podría permitir a estas empresas enviar información de clientes y dispositivos directamente al estado.
