“En México solo hay 4.3 ciberpolicías por cada millón de habitantes” para combatir los delitos informáticos, reveló el director de Proyecto del Centro México Digital —un think tank mexicano que impulsa el desarrollo digital y las tecnologías emergentes en America Latina—, Alberto Farca.
Al participar en el Senado el pasado 30 de abril en la inauguración del curso Derecho a la seguridad ciudadana en el ecosistema digital, enfatizó que la ciberseguridad nacional enfrenta un reto estructural, pues aún “hay varios estados que todavía no tienen policía especializada para ciberdelitos”.
Esta carencia institucional contrasta con la vulnerabilidad de los usuarios: según datos del mismo organismo, 22.3% de los internautas han sido víctimas de ciberacoso. “Es una cantidad importante y vemos que apenas estamos teniendo policías que están preparadas para moverse en el entorno digital”, señaló.
Ante los senadores Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, y Juanita Guerra, del Partido Verde Ecologista de México, Farca señaló que “la seguridad digital no puede depender solo de reaccionar” y añadió que se requieren capacidades, medidas de prevención y una coordinación que surja desde el ámbito legislativo.
“El entorno digital no tiene fronteras y eso implica avanzar hacia marcos normativos que dialoguen con los estándares internacionales y que estén alineados con nuestros principales socios comerciales, con Estados Unidos y Canadá”, comentó.
Farca participó a nombre de Salma Jalife, fundadora y presidenta del Centro México Digital.
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El camino hacia las fiscalías especializadas
El llamado a fortalecer las ciberpolicías en el país ocurrió la misma semana en que la Comisión de Seguridad Pública del Senado avaló un dictamen con punto de acuerdo para exhortar a los 32 congresos estatales a crear en cada entidad una fiscalía especializada en materia de delitos cibernéticos.
De acuerdo con el dictamen, presentado por los senadores del Partido del Trabajo, el objetivo es investigar y sancionar eficazmente las nuevas modalidades de fraude digital.
Si bien en entidades como Nuevo León o Guanajuato ya existen propuestas legislativas para crear estas instancias especializadas, a la fecha no operan formalmente en el país. Diversos ministerios públicos, como los de Ciudad de México, Chihuahua y Tabasco, cuentan en su lugar con unidades de investigación dedicadas a delitos informáticos.
Sin embargo, una fiscalía especializada tiene mayor autonomía operativa y competencia formal para llevar investigaciones de un tipo concreto de delito, al asignar fiscales en la materia y concentrar la persecución penal de ese fenómeno delictivo.
Prevención y combate al fraude digital
El punto de acuerdo, que hasta el 7 de mayo no había sido aprobado por el pleno del Senado, también exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, en coordinación con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) fortalezcan las estrategias de prevención, detección e investigación de fraudes digitales, así como los relacionados con el uso de la inteligencia artificial.
El proyecto contempla que se realicen mesas de diálogo con el sector privado, particularmente empresas tecnológicas e instituciones del sector financiero.
La Condusef, en alianza con la fintech Tala, realizó un estudio que arrojó que México es el segundo país más atacado de América Latina en ciberseguridad, solo por detrás de Brasil.
Seguridad digital, responsabilidad compartida
En su oportunidad, Colosio Riojas afirmó que “lo digital tiene efectos reales” y reconoció que los problemas que hoy se enfrentan y seguirán sucediendo “no son aislados, ni meramente técnicos”.
En su opinión, aunque se requiere de una ciudadanía informada, la ciberseguridad “no puede recaer únicamente en las personas. No es razonable trasladar toda la carga de la protección a quien utiliza una plataforma o un servicio. Se necesita un estado con capacidades técnicas y regulatorias suficientes [y] un sector privado que asuma su responsabilidad en el diseño y operación de plataformas y entornos digitales seguros”.
El senador destacó que México tiene una oportunidad de avanzar hacia un modelo de seguridad digital que deje de ser reactivo, que busque basarse en lo preventivo, que no se limite a sancionar, sino que construya condiciones para evitar daños y sobre todo impulsar el desarrollo y buenas conductas a través de incentivos.
