El programa de trabajo de alojamiento en Nube MX, la infraestructura de cómputo en la nube del Gobierno de México, registra un avance de 50%, con 14 dependencias federales y 450 sistemas, de acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Hace un año se había reportado la migración de tres dependencias. Ahora, entre septiembre de 2025 y junio pasado se habrían sumado 11 más.
El informe destaca que esto permitió contar con una plataforma común, reducir la dispersión de sistemas en entornos locales y generar mejores condiciones de disponibilidad, continuidad y seguridad en la prestación de trámites y servicios digitales para la población.
Entregado el 1 de septiembre al Congreso, el documento señala que el nodo principal de Nube MX se ubicó en el Centro de Datos de Aguascalientes, el data center público más grande del país, certificado y operado por Infotec, que nuevamente —según el informe— recibió una rehabilitación para ampliar las capacidades de procesamiento, almacenamiento y resguardo de la información gubernamental.
En 2025, el Primer Informe de Gobierno mencionó la modernización de sus capacidades al detallar que se había consolidado la integración de infraestructura de unidades de procesamiento gráfico (GPU) de alto desempeño. Esta vez, no se dieron más detalles, por lo que podría tratarse de la misma o una nueva.
Sobre la construcción del centro de datos en Tulancingo, Hidalgo, que la administración de Sheinbaum dio a conocer hace un año, el Segundo Informe de Gobierno no hace mención alguna.
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Soberanía tecnológica y fábrica de software pública
Además, como parte de la política de soberanía tecnológica del Gobierno de México, el documento destaca la consolidación de la fábrica de software, que integró a 300 hombres y mujeres desarrolladores jóvenes mexicanos, que dio mantenimiento a 151 soluciones tecnológicas propias y se resolvieron 2,500 dictámenes tecnológicos, con un ahorro aproximado de $500 millones de pesos.
El informe destaca que esto logró reducir la dependencia de soluciones privadas, acelerar la implementación de proyectos gubernamentales y ampliar las capacidades públicas de desarrollo de software.
También se integró el Repositorio Nacional de Tecnología Pública con 18 desarrollos disponibles para Gobiernos estatales y municipales a fin de compartir soluciones, evitar duplicidades y avanzar en la soberanía tecnológica del Estado mexicano.
En tanto, la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, hasta el pasado 30 de junio, integraba más de 6,800 bases de datos de cerca de 190 instituciones públicas, organizadas en 28 categorías temáticas.
Aplicaciones de AI en la administración pública
En cuanto a inteligencia artificial (AI), el Segundo Informe de Gobierno menciona el desarrollo de cuatro herramientas: chatbot de atención ciudadana, algoritmo de riesgos fiscales, modelo de riesgos de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación (IMMEX) y el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) más el clasificador de patentes.
El algoritmo utiliza metaheurística para identificar cadenas de riesgo de registros o federales de contribuyentes (RFC) que presentan comportamientos anómalos, mientras que el modelo puede ejecutarse sobre una lista de empresas y sus características, mediante aprendizaje automático no supervisado.
Sobre el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial (CPFI), puesto en marcha en noviembre de 2025, el documento informa de dos generaciones, la primera dio a clases a 12,000 con el respaldo de 17 empresas aliadas y registró 3,001 graduados y 1,532 estudiantes en activo.
Estrategia de ciberseguridad y prevención de riesgos digitales
En ciberseguridad, el Segundo Informe de Gobierno reportó la realización de 1,609 servicios de vigilancia y prevención proactiva, enfocados en la identificación de vulnerabilidades críticas, la emisión de notificaciones tempranas, la promoción de acciones de mitigación y la gestión de sitios de suplantación de identidad institucional.
Estas acciones, detalla el documento, contribuyeron a reducir la exposición de activos digitales públicos, anticipar riesgos relevantes y fortalecer las capacidades técnicas de prevención y respuesta.
Además, se atendieron 16,535 solicitudes de servicios del Centro de Operaciones en Ciberseguridad, consolidando capacidades de monitoreo, análisis técnico, acompañamiento y atención especializada.
En paralelo, se capacitó y sensibilizó a 8,755 personas servidoras públicas en la materia.
Según el informe, estas acciones permitieron ampliar las capacidades humanas y técnicas necesarias para que las dependencias y entidades avancen hacia una postura de ciberseguridad más homogénea.
También menciona la presentación del Plan Nacional de Ciberseguridad, que —asegura— contribuirá a reducir el riesgo de ataques digitales.
