Google presentó formalmente una apelación contra el fallo de un juez federal que calificó a la compañía como un monopolio ilegal en su mercado principal: las búsquedas en internet.
Esta acción legal podría retrasar la implementación de las medidas correctivas dictadas contra la subsidiaria de Alphabet mientras el proceso jurídico sigue su curso, que beneficiarían estratégicamente a navegadores independientes como Mozilla Firefox y motores de búsqueda emergentes impulsados por inteligencia artificial generativa (GenAI por su acrónimo en inglés), tales como Perplexity y OpenAI.
El fallo original de 2024 “ignoró la realidad de que las personas usan Google porque quieren, no porque se ven obligadas”, señaló la vicepresidenta de Asuntos regulatorios de Google, Lee-Anne Mulholland, en una publicación de blog el viernes pasado.
“La decisión no tuvo en cuenta el acelerado ritmo de innovación ni la intensa competencia que enfrentamos por parte de actores establecidos y startups bien financiadas”, añadió Mulholland.
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Los antecedentes
El juicio antimonopolio inició en septiembre de 2023. Para agosto de 2024, el juez de distrito Amit Mehta dictaminó que Google violó la sección 2 de la Ley Sherman, manteniendo un monopolio en las búsquedas y en la publicidad asociada. En aquel momento, la tecnológica ya había anticipado su intención de apelar.
Durante la primavera pasada, la compañía y el Departamento de Justicia de Estados Unidos participaron en una fase de audiencias para determinar las medidas correctivas que Google debería adoptar. El proceso incluyó testimonios de directivos de Apple y Mozilla, así como de competidores como OpenAI.
En septiembre de 2025, el juez Mehta falló en contra de las sanciones más severas propuestas por el Gobierno, entre las que se incluía la venta forzosa del navegador Chrome. Dicha resolución fue recibida con optimismo por el mercado, impulsando 8% las acciones de la firma.
Pese a medidas light, Google pide frenarlas
Mehta finalizó las medidas de mitigación en diciembre pasado. El juez estipuló que Google debe compartir parte de los datos brutos de interacción de búsqueda —insumos críticos que utiliza para entrenar sus sistemas de clasificación e inteligencia artificial (AI por sus siglas en inglés)—, aunque eximió a la firma de compartir sus algoritmos propietarios.
Asimismo, dictaminó que Google tiene prohibido firmar acuerdos de exclusividad, como el que sostiene con Apple, a menos que el contrato tenga una vigencia máxima de un año.
En su momento, analistas de la industria calificaron estas medidas, menos severas de lo previsto, como una amonestación leve para el gigante tecnológico.
Sin embargo, Google ha solicitado formalmente la suspensión de estas directrices. “Estos mandatos pondrían en riesgo la privacidad de los usuarios y desincentivarían a la competencia de desarrollar sus propios productos. En última instancia, sofocarían la innovación que mantiene a Estados Unidos a la vanguardia tecnológica global”, argumentó Mulholland.
