El Senado aprobó una adición a la ley que obliga a las plataformas digitales a instaurar el conocido click-to-cancel; es decir, la posibilidad de cancelar fácilmente un servicio, suscripción o membresía.
Por unanimidad, 91 senadores dieron luz verde al dictamen que modifica las fracciones VIII y IX al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, referente a las disposiciones que se aplican a las relaciones entre proveedores y consumidores en las transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos.
La adición ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados también por unanimidad en septiembre pasado, por lo que ahora solo falta que se publique en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor al día siguiente.
Al presentar el dictamen ante el pleno, la presidenta de la Comisión de Defensa de los Consumidores del Senado, Cynthia López Castro, destacó que la medida responde al crecimiento del comercio electrónico y la necesidad de proteger los derechos digitales de los consumidores.
“Si registrarse en una plataforma toma segundos, cancelar debe tomar lo mismo. Lo fácil no puede ser sólo pagar, también debe ser cancelar”, afirmó López Castro durante su intervención.
La reforma obliga a los proveedores a informar de manera clara y visible si el servicio implica cobros automáticos recurrentes, así como su monto, periodicidad y fecha de cargo; notificar con al menos cinco días de anticipación cualquier renovación automática; garantizar mecanismos simples, rápidos y gratuitos para la cancelación inmediata de servicios, sin penalizaciones injustificadas.
México se alinea al click-to-cancel de EU
De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en 2024 se registraron más de 20,000 quejas relacionadas con servicios digitales y suscripciones automáticas, principalmente en plataformas de streaming, gimnasios, softwares y telefonía móvil.
Con esta reforma, apuntó López Castro, México se alinea a las mejores prácticas internacionales, como la regla click-to-cancel de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y las directrices de la Unión Europea en materia de comercio electrónico.
“La economía digital no debe ser un espacio de vulnerabilidad, sino de derechos y libertades. Esta reforma protege la economía familiar y fortalece la confianza en el comercio electrónico”, subrayó.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, indicó que el proyecto representa establecer una defensa de los derechos de los consumidores, frente a los abusos del negocio económico digital, “porque en este tiempo donde todo se contrata con un clic, también con uno deberíamos poder cancelar los servicios”.
