El software de espionaje Pegasus fue utilizado nuevamente por autoridades mexicanas, ahora durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de acuerdo con una investigación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), SocialTIC y ARTICLE 19 México y Centroamérica.
Con el apoyo del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, se revelaron tres nuevos casos de espionaje mediante el malware en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México, mientras hacían labores relacionadas con violaciones cometidas por las fuerzas armadas.
“Esta investigación ha recabado evidencia que demuestra que, contrario a las promesas del actual presidente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) adquirió durante este Gobierno un sistema de monitoreo remoto de información a la empresa con representación exclusiva para vender Pegasus en México”, explica el sitio que abrió la R3D.
En 2020, la iniciativa internacional The Pegasus Project, realizada por 80 periodistas de 17 medios en el mundo, coordinada por Forbidden Stories y Amnistía Internacional, reveló la existencia de más de 50,000 números telefónicos que fueron ingresados al sistema de la empresa israelí NSO Group, que fueron potenciales víctimas de espionaje de Pegasus.
De dicha lista, más de 15,000 correspondieron a líneas de mexicanos, lo que puso a México, —según ARTICLE 19— como el primer comprador en el mundo, el principal usuario y el país en donde se utilizó como en ningún otro, de forma masiva e ilegal desde las más altas instancias de poder, tanto público como privado.
En sexenio de AMLO, Sedena ocultó contrato de Pegasus
Citizen Lab comprobó, tras un análisis forense, que los teléfonos de dos periodistas, uno de Animal Político y Ricardo Raphael, así como el defensor de derechos humanos en Tamaulipas, Raymundo Ramos, fueron intervenidos con Pegasus para monitorear llamadas y mensajes.
Según la investigación, difundida en alianza con tres medios de comunicación nacionales, señala que el Ejército mexicano compró en 2019 el programa de espionaje para el “servicio de monitoreo remoto de información” a la empresa Comercializadora Antsua, representante en México de NSO Group.
“Las evidencias prueban que la Sedena ha mentido sistemáticamente a diversas instancias para ocultar la existencia de dicho contrato”, explica la R3D.
