La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó que las creaciones de la inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés) puedan ser consideradas del dominio público.
En julio pasado se dio a conocer el proyecto de sentencia de la Segunda Sala de la SCJN del juicio de amparo directo promovido por el fundador y CEO de Business Advocacy, Gerald García Báez, quien intentó registrar la aplicación Leonardo AI como la autora de su avatar.
En dicho documento, en el que la ministra Lenia Batres aparece como ponente, se establecía que “el producto de la AI es una extensión de la capacidad creativa de la humanidad. Por ello, no es susceptible de registro y, en consecuencia, dichos productos pasan al dominio público con el fin de que se difundan gratuitamente”.
Sin embargo, en el engrose —el documento definitivo que formaliza una sentencia— publicado el jueves, 22 días después de lo anunciado, ya no se menciona.
En entrevista, el CEO de Business Advocacy consideró que la decisión de la Corte “perpetúa un vacío legal significativo”. Aunque se descartó la noción de dominio público, dijo, “dejó sin resolver el núcleo del debate: ¿a quién pertenecen las obras generadas por inteligencia artificial?”.
La Corte advirtió en su momento que las consideraciones finales del amparo directo 6/2025 seguían sujetas a revisión. García Báez no había sido notificado hasta la semana pasada, pero confiaba en que se resolvería antes del 1 de septiembre.
Corte niega amparo a García Báez
La Segunda Sala determinó que la Justicia “no ampara ni protege” a García Báez contra la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que en agosto de 2024 respaldó la decisión del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) de desechar la solicitud de registro.
“El derecho de autor se otorga solamente a personas físicas en tanto el derecho moral es una condición esencial para las autoras con la finalidad de proteger sus creaciones originales, situación que no sucede en el caso de personas morales y entes artificiales” se lee en el engrose.
García Báez, quien presentó la solicitud al Indautor en noviembre de 2023, comentó que “la sentencia, sustentada en un enfoque de estricto derecho y marcado hiperformalismo, desatendió la realidad socio-tecnológica actual”.
La decisión de la Segunda Sala, encargada de sesionar los asuntos en materia administrativa y laboral, se tomó por unanimidad de cuatro votos de las y los ministros Yasmin Esquivel, Alberto Pérez, Lenia Batres y Javier Laynez.
