La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) y la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI) pidieron participar activamente en el diseño del marco regulatorio del sector de las telecomunicaciones.
El Senado pospuso el pasado 28 de abril la votación del proyecto de ley tras su aprobación en comisiones un día después de que fue enviado a dicha Cámara por la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Exhortamos respetuosamente al Congreso de la Unión a establecer un diálogo previo, solicitando formal y atentamente se convoque a la industria representada por Canieti y AMITI, para actuar en términos de ley, como órgano de consulta y colaboración en la elaboración del mismo”, expresaron en un comunicado conjunto.
De esta forma, agregaron, podrían considerarse las mejores prácticas en materia de libertad de expresión, neutralidad de la competencia, protección de los derechos digitales y pluralidad de la información.
Ambos organismos destacaron la importancia de que la participación del Estado en la provisión de servicios cumpla con la función pública de cobertura universal, en un entorno acorde con la Constitución y los compromisos internacionales, generando igualmente certidumbre y confianza en las inversiones.
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Las pretensiones de la nueva ley
La iniciativa presidencial, de 283 artículos y 27 transitorios, es la legislación secundaria referida en el decreto de reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, que permitiría la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
El proyecto presentado no solo busca dotar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) de facultades para regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico.
También plantea la regulación de plataformas digitales, la posibilidad de que radios públicas, comunitarias, indígenas y afromexicanas comercialicen hasta 40 segundos de publicidad por hora para financiar sus operaciones y la prohibición de propaganda extranjera. Este último tema fue el que provocó la presentación de la iniciativa.
La polémica
El Artículo 109 del proyecto permite a la ATDT bloquear plataformas digitales sin criterios claros, lo que críticos expertos como la R3D, así como legisladores de oposición (PAN y PRI) consideraron un riesgo de censura que podría afectar servicios como YouTube o WhatsApp.
Las críticas también señalan posibles violaciones al T-MEC y a la Constitución.
La Canieti y la AMITI afirmaron que el marco regulatorio que se establezca en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión será determinante para el desarrollo futuro del sector.
“Cualquier solución se podrá ver complementada y enriquecida con la colaboración de la industria, poniendo a disposición su experiencia y conocimientos, para contribuir de manera permanente en la construcción de un marco que permita al país aprovechar plenamente las oportunidades actuales”, señalaron.
